INJUSTICIA POLITICA.

Es imprescindible que se realice un cambio en las políticas, una profunda reforma fiscal que redistribuya la riqueza de una forma mucho más equitativa; un sistema de seguridad social universal; una mayor independencia a la hora de fijar las prioridades en cuanto a inversiones públicas y utilización de la ayuda; y una toma de conciencia por parte de todos los actores sobre la importancia de incorporar los temas ambientales y de género en la elaboración de los presupuestos nacionales. De lo contrario, el país no será capaz siquiera de reducir la pobreza real y, en consecuencia, tampoco de acercarse a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

LO QUE CUESTA EL ESTADO

En Perú, la falta de transparencia es común en los temas relacionados con el presupuesto debido a que, en la práctica, se lo maneja mediante créditos suplementarios otorgados por el Congreso que le dan al Ejecutivo gran libertad de acción, independientemente de lo aprobado en la ley presupuestal. Debido al gran desorden en la gestión presupuestal, que vuelve prácticamente imposible una evaluación eficiente, los datos oficiales son meramente referenciales.

La presión tributaria del país es de 14%, cuatro puntos menos que el promedio latinoamericano. Entre los principales impuestos se encuentran los que gravan la renta, las importaciones, la producción y el consumo y los combustibles. Las rentas de las personas físicas pagan más que las de las jurídicas y la producción y el consumo más que la renta. No existen impuestos al patrimonio. El Impuesto a la Renta cubre un 20% del presupuesto del sector público.

·         Régimen tributario especial del Impuesto a la Renta.

·         Libre disponibilidad de divisas.

·         Libre remesa de utilidades, dividendos y otros ingresos.

·         Uso del tipo de cambio más favorable.

Derecho a la contratación de trabajadores bajo cualquier modalidad sin ser afectados por ninguna ley, incluso bajo condiciones que contravengan regulaciones legales.

Bajo este régimen, 278 grandes empresas han reducido en algunos casos hasta el 80% de la renta imponible. Anualmente, el Estado deja de recaudar al menos USD 375 millones por efecto de las exoneraciones tributarias.

CAPITAL PERDIDO

 Al 30 de septiembre de 2009, el total de la deuda pública peruana era de USD 31.323 millones –USD 20.307 millones de deuda externa y USD 11.000 millones de deuda interna. Además, tiene reservas inmovilizadas por USD 35.444 millones. Desde el año 2000, Perú ha remitido al Club de París, al Tesoro estadounidense y a las sedes de las empresas transnacionales que operan en el país unos USD 50.000 millones.

INVERSIÓN Y ESPIONAJE

 La inversión privada, según datos del Banco Central de Reserva llega a 16% del PIB, la pública, en cambio, alcanza apenas a 2,8% del PIB. A esto se agrega la extrema lentitud en la ejecución de los gastos públicos; por ejemplo, de acuerdo a la Red Jubileo de Perú, una red peruana de organizaciones no gubernamentales especializada en deuda pública, a octubre de 2009 apenas había sido ejecutada el 30% de las asignaciones presupuestales.

INVERSIÓN PRIVADA

Actualmente, hay en el país 45 contratos de exploración y 19 de explotación de gas y petróleo en ejecución, que generan inversiones de alrededor de USD 4.000 millones. Por otra parte, existe la convocatoria para licitar otros 19 lotes nuevos, 12 de los cuales están en la Amazonia.

La deforestación y el envenenamiento de las aguas y la atmósfera son hechos de todos los días contra los que se levantan las poblaciones andinas y amazónicas. La inversión privada en petróleo, gas y minería ha generado una gran corrupción en el sector gubernamental que se expresa en escuchas ilegales de las comunicaciones telefónicas y por Internet de unas empresas sobre otras y sobre el Estado, sobornos a jueces y funcionarios, compra de periodistas, ejércitos particulares de espías, fuerzas de choque y amenazas a los opositores y prensa crítica.

INVERSIÓN SOCIAL

Según el MEF el gasto social ascendió en 2009 a 6% del PIB. Según datos de UNICEF en los últimos años la proporción del PIB que se destina al gasto social público ha crecido de 7,9% del presupuesto del sector público en el año 2000 a 9,2% en el año 2005. Aproximadamente la mitad del gasto público se destina, de una manera u otra, a los sectores sociales. Pero esas cifras dadas por los organismos internacionales consideran lo gastado en pensiones para funcionarios públicos, con lo que ocultan la realidad. El gasto social neto (gasto social no provisional) es mucho menor y llega apenas al 27% del presupuesto; ha decrecido en términos relativos ya que en la década de 1990 llegaba al 37%.

 Hoy, estos organismos promueven el denominado presupuesto por resultados. El Artículo 13º de la Ley de Presupuesto 2010 establece el Presupuesto por Resultados para:

• Enfermedades no transmisibles, tuberculosis, VIH y enfermedades metaxénicas y zoonosis, cuya conducción estará a cargo del Ministerio de Salud.
• Logros de aprendizaje en educación primaria y educación básica alternativa, a cargo del Ministerio de Educación.
• Trabajo infantil, a cargo del Ministerio de Trabajo.
• Violencia familiar y sexual y seguridad alimentaria, a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
• Sostenibilidad del medio ambiente, a cargo del Ministerio del Ambiente.
• Ampliación de la base tributaria, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

DESIGUALDAD

Si bien ha mejorado el nivel de ingresos en los segmentos más pobres de la sociedad, la brecha de ingresos ha crecido. Mientras la apertura comercial reduce la desigualdad, la apertura financiera – a través de la inversión extranjera directa –, junto con el progreso tecnológico, actuaría incrementándola, al aumentar la retribución a los más calificados y no limitando las oportunidades para el avance económico. En el caso de Perú, el 35% de los ingresos van para el decil superior y apenas el 1,6% para el más bajo.

Parcialmente, la falta de presupuesto específico ha impedido la aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que pretende establecer un marco normativo adecuado que garantice, desde lo presupuestal, la justicia de género.

EL PROBLEMA AMBIENTAL

En Perú, las principales consecuencias del calentamiento global serán: el retroceso glaciar, el aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño y el aumento del nivel del mar.

Según el Consejo Nacional del Ambiente, en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 22% de la superficie glaciar (equivalente a 7.000 millones de metros cúbicos o 10 años de consumo de agua en la ciudad de Lima), con un efecto mayor sobre los glaciares pequeños y de menor cota. En este sentido, se proyecta que para 2025 habrán desaparecido los glaciares de Perú por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar.

Los especialistas calculan que los daños al ambiente tienen un costo económico del 3,9% del PIB y afectan principalmente a los más pobres.